La guerra contra las drogas ha fracasado: es imprescindible un enfoque distinto

Un editorial del BMJ plantea que los profesionales de la salud deberían liderar la reforma de la política de drogas, para priorizar la salud individual y pública, los derechos humanos y la dignidad,

BMJ, 14 de noviembre de 2016

La evidencia y la ética deben fundamentar políticas que promuevan la salud y respeten la dignidad
La gente siempre ha consumido sustancias psicoactivas, arriesgándose a dañarse. Doscientos cincuenta millones de adultos, uno de cada 20 en todo el mundo, tomaron una droga ilegal como el cannabis, la cocaína o la heroína en 2014. Se estima que una cuarta parte de los jóvenes de 15 años del Reino Unido tomó una preparación ilegal de calidad y potencia desconocidas, y la mayor parte del trabajo sexual y del delito en la calle sirve para la adquisición de drogas.

Tres tratados de las Naciones Unidas, los más antiguos de 1961, buscan "promover la salud y el bienestar de la humanidad" al prohibir el uso no médico de algunas drogas. Con este fin, los países criminalizan a los productores, traficantes, distribuidores y usuarios a un costo anual de al menos $ 100.000 millones.

Pero la eficacia de las leyes de prohibición, conocidas coloquialmente como la "guerra contra las drogas", debe ser juzgada por sus resultados. Y con demasiada frecuencia la guerra contra las drogas se desarrolla como una guerra contra los millones de personas que consumen drogas y, particularmente, contra las personas pobres o pertenecientes a minorías étnicas, y las mujeres.

La prohibición y el estigma fomentan un consumo menos seguro de drogas  y llevan a las personas a alejarse de los servicios de salud. El intercambio de jeringas ha provocado enormes epidemias de infección transmitida por la sangre, incluyendo el VIH y la hepatitis C. Y sólo uno de cada seis de los 29 millones de personas en todo el mundo con un trastorno por uso de drogas recibió tratamiento en 2014.

El objetivo ideológico de un "mundo libre de drogas" fomenta una práctica médica impulsada por la ideología. Por ejemplo, hubo pacientes en Crimea que murieron después de la invasión rusa porque se vieron obligados a dejar de tomar metadona, que en Rusia se considera como abuso de opiáceos y es ilegal. La promoción de la abstinencia en el Reino Unido, a expensas del tratamiento de mantenimiento de valor probado, puede haber contribuido a una duplicación de las muertes relacionadas con los opiáceos entre 2012 y 2015.

Las políticas de control de drogas impiden que dos tercios de la población mundial -más de cinco mil millones de personas- tengan acceso legítimo a los opiáceos para el control del dolor. E impiden también la investigación sobre el uso médico del cannabis y de otras drogas prohibidas, a pesar de la evidencia de posibles beneficios.

Todas las guerras causan violaciones de derechos humanos, y la guerra contra las drogas no es diferente. Por ejemplo, los mercados de suministro de drogas controlados por delincuentes llevan a una violencia espantosa, causando aproximadamente 65.000-80.000 muertes en México en la última década. La sentencia obligatoria para delitos menores de drogas ha ayudado a Estados Unidos a alcanzar el índice más alto de encarcelamiento en el país. Filipinas ha tenido unos 5.000 homicidios extrajudiciales desde julio, después del llamamiento del Presidente Rodrigo Duterte a organizarse contra los narcotraficantes.

No es de extrañar, pues, que se hayan hecho llamamientos a una reforma, entre ellos los de la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la agencia de derechos humanos de la ONU, así como organizaciones no gubernamentales, algunos jefes de estado, parlamentarios del Reino Unido, algunos encargados de hacer cumplir la ley y revistas médicas.

En una asamblea general de la ONU en abril, muchos países pidieron priorizar la salud y los derechos humanos sobre las respuestas punitivas.

Muchos países han eliminado las sanciones penales por posesión personal de drogas. Portugal reemplazó las sanciones penales por el uso de drogas con sanciones civiles e intervenciones de salud hace 15 años. La Ley de Sustancias Psicoactivas del Reino Unido de 2016 penaliza la importación, producción y venta, pero no el uso de estas sustancias.

Jurisdicciones como Canadá, Uruguay y varios estados de los Estados Unidos, incluyendo ahora a California, han ido más allá, para permitir que los mercados de cannabis no médicos sean regulados, tomando el control del suministro en reemplazo del crimen organizado. Holanda ha tolerado las ventas reguladas de cannabis durante décadas.

Por supuesto, el uso de drogas sin indicación médica tiene riesgos particulares, y las sustancias nocivas no deben estar disponibles sin restricción. La aplicación dura de la prohibición seguramente reduce el consumo de drogas, pero ¿a qué costo? Las jurisdicciones con bajo consumo de drogas -por razones culturales quizás- tienen menos ímpetu para el cambio. Pero cuando los daños son mayores, es imperativo investigar alternativas más eficaces a la criminalización del uso y el suministro de drogas.

Este año, una revisión exhaustiva de la evidencia internacional concluyó que los gobiernos deberían descriminalizar los delitos menores de drogas, fortalecer los enfoques del sector social y de la salud, avanzar con cautela hacia los mercados regulados de drogas cuando sea posible y evaluar científicamente los resultados para construir una política pragmática y racional.

Los medicamentos bajo receta, el alcohol y el tabaco ofrecen lecciones para diseñar los modelos de regulación. Diferentes fármacos con diferentes daños en diferentes contextos pueden necesitar diferentes enfoques. Y cualquier cambio debe ser apoyado por la inversión en educación basada en evidencia, consejería y servicios de tratamiento para disuadir el uso de drogas y aumentar la seguridad entre los usuarios.

La salud debe estar en el centro de este debate y por lo tanto, deben estar también los profesionales de la salud. La opinión médica es confiable e influyente, y puede aportar una dimensión racional y humana a la ideología y a la retórica populista acerca de ser duros con el crimen.

Algunas organizaciones de médicos han reclamado enérgicamente el cambio, incluyendo a  International Doctors for Healthier Drug Policies, la UK Royal Society for Public Health y la Faculty of Public Health. La política reciente de la Brittish Medical Association es que el Departamento de Salud asuma la responsabilidad de la política de drogas del Reino Unido, y que se produzca un "cambio legislativo" que dé prioridad al tratamiento sobre el castigo de los consumidores de drogas. Sin embargo, tales llamadas están lejos de ser universales y  suficientemente enérgicas.

Los médicos y sus líderes tienen la responsabilidad ética de defender la salud individual y pública, los derechos humanos y la dignidad, y de hablar claro allí donde la salud y la humanidad están siendo sistémicamente degradadas. El cambio está llegando, y los médicos deben utilizar su autoridad para dirigir las convocatorias de una reforma pragmática informada por la ciencia y la ética.

El artículo original:

Godlee F, Hurley R. The war on drugs has failed: doctors should lead calls for drug policy reform. BMJ. 14 de noviembre de 2016;355:i6067.

Disponible en: http://bit.ly/2fjIGVw