Razones para la reforma de la política de drogas: la prohibición permite abusos sistemáticos contra los derechos humanos y socava la salud pública

BMJ, 17 de enero de 2017

La prohibición de las drogas, incluida la criminalización para regular la oferta y la demanda de sustancias controladas, ha tenido efectos devastadores en los derechos humanos y la salud pública en todo el mundo.

La prohibición como respuesta de política internacional da lugar a mercados de drogas ilícitas regidos por redes criminales y regulados por la violencia. Las comunidades pobres y marginadas en las que se cultivan, transitan o venden drogas ilícitas se ven afectadas de manera desproporcionada. Los Estados han respondido con un aumento de la aplicación de la ley, escalada de la violencia y la desestabilización de las comunidades. Las persecuciones violentas paralelas tanto para proteger como para derribar los mercados ilícitos se han relacionado con el desplazamiento a gran escala, el femicidio y una disminución general de la esperanza de vida, como ha sucedido en México.1

El encarcelamiento masivo para hacer cumplir la prohibición ha sobrecargado los sistemas de justicia penal y ha dejado a innumerables personas languideciendo en instalaciones deplorables en condiciones inhumanas en todo el mundo.2 La penalización de la posesión significa que una quinta parte de las personas que usan drogas pasen gran parte de sus vidas ciclicamente en el sistema judicial criminal, con graves consecuencias sociales, económicas y sanitarias. En las cárceles, las personas que se inyectan drogas tienen un acceso limitado o nulo a la asistencia sanitaria, incluidas las intervenciones de reducción de daños como las agujas limpias y el tratamiento de sustitución de opiáceos.3 4

Los establecimientos de custodia son un entorno de alto riesgo para la transmisión del VIH y la hepatitis C, en particular para las personas que se inyectan drogas, y estas infecciones tienen consecuencias más amplias para la salud pública una vez que las personas son liberadas.1 A pesar de los devastadores efectos sobre la salud y los derecBMJ, 17 de enero de 2017hos humanos, el encarcelamiento no detenido el consumo o el tráfico de drogas.

Fuera del sistema de justicia penal, la persecución de la prohibición ha dado lugar a centros de detención obligatoria, donde las personas identificadas como usuarios de drogas pueden ser detenidas sin el debido proceso y sometidas a torturas, violencia física y sexual y trabajo forzoso en nombre del "tratamiento". "Sólo en Asia oriental y sudoriental se estima que hay 250 000 personas detenidas en estas instalaciones a pesar de su ineficacia en el tratamiento de la dependencia de drogas.5 13 La detención compulsiva de usuarios de drogas viola el derecho a la salud y es inhumana, degradante e “inherentemente arbitraria” bajo la ley internacional de derechos humanos.56

Fuera de la prisión, la criminalización y el estigma asociado con el uso de drogas han sido barreras recurrentes para el acceso a la atención de la salud, incluyendo tratamientos que probadamente reducen los daños. Los modelos punitivos de control de drogas, como los registros de usuarios de drogas, los requisitos de notificación para los profesionales de la salud, las prohibiciones legales sobre la prestación de servicios de salud, El tratamiento de sustitución y las incursiones policiales cerca de las instalaciones sanitarias impiden que las personas accedan a la atención médica, conduciendo el consumo de drogas subterráneo y aumentando los riesgos para la salud.8 La prohibición ha estado vinculada a una creciente epidemia de sobredosis de opiáceos en Norteamérica, donde las innecesarias restricciones al tratamiento de la sobredosis, la falta de tratamiento de sustitución y politicas agresivs contribuyen a la mortalidad evitable.1

Las leyes que prohíben los opiáceos como la metadona y la morfina para el tratamiento clínicamente indicado y las regulaciones que restringen innecesariamente su prescripción o uso socavan a los profesionales de la salud en la prestación de unBMJ, 17 de enero de 2017a atención médica ética. Como resultado, las cuatro quintas partes del mundo carecen de acceso adecuado a medicamentos para cuidados paliativos y un poco menos de la mitad de los países de todo el mundo disponen de marcos para posibilitar la prestación de tratamiento de sustitución de opiáceos.9

En los últimos años han surgido iniciativas audaces que demuestran que hay otras maneras de abordar las dimensiones complejas de las drogas que pueden reducir los daños y mejorar los resultados de salud pública. En países como la República Checa, Suiza y Portugal, los modelos de descriminalización de larga data basados ​​en la salud pública han reducido la transmisión de enfermedades infecciosas, la mortalidad y la criminalidad y han colocado al individuo en el centro de la respuesta.

Asimismo, comunidades e individuos de las fronteras de la prohibición han utilizado los derechos humanos para movilizarse y exigir reformas para asegurar su salud y bienestar. En 2011, activistas de la salud comunitaria desafiaron exitosamente la prohibición de las instalaciones de inyección supervisada en el oeste de Canadá, la primera de dos instalaciones que actualmente operan en Norteamérica.10 Después de esfuerzos innovadores de movilización de la comunidad, tres activistas desafiaron la prohibición de la sustitución de opiaceos en Rusia y están en espera de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.11

Detrás de estos esfuerzos comunitarios para lograr el cambio, los profesionales de la salud tuvieron un papel crucial. Mirando hacia el futuro, en esta era de la reforma de las drogas, los profesionales deben estar guiados por sus responsabilidades legales y éticas para defender la salud y la dignidad de las personas a quienes sirven. Ellos tienen el deber de liderar los esfuerzos para combatir los prejuicios de la sociedad y permitir que las reformas legalmente se centren en los individuos y las comunidades. La prohibición de las drogas y la criminalización es un modelo político fallido. Es el momento de la despenalización y dar un paso adelante.

el articulo

Pūras Dainius, Hannah Julie. Reasons for drug policy reform: prohibition enables systemic human rights abuses and undermines public health BMJ 2017; 356 :i6586

disponible en http://bit.ly/2k5fJwe

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